Actualmente, los productos químicos son comunes en hogares y lugares de trabajo, pero pueden representar riesgos para la salud y el medio ambiente. Para facilitar su manejo seguro, muchos países y organizaciones han establecido leyes y reglamentos, aunque estos varían en función del país y complican la clasificación y comercialización internacional de dichos productos.
Con el aumento del comercio internacional de productos químicos, las Naciones Unidas reconocieron la necesidad de crear el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), conocido internacionalmente como Globally Harmonized System (GHS).
El SGA fue diseñado para afrontar los problemas de inconsistencias y falta de claridad en el etiquetado de productos químicos, que variaban significativamente entre países. Los objetivos principales del sistema son reducir accidentes laborales, mejorar el acceso a información de seguridad y disminuir los costos asociados a la producción y transporte de químicos.
El SGA establece los requisitos para la clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas, además del formato y contenido de las Fichas de datos de seguridad. Al adoptar un sistema armonizado, las industrias logran simplificar procesos y reducir riesgos, al mismo tiempo que garantizan que las etiquetas y fichas de seguridad sean entendibles y universales.
El SGA armoniza criterios de clasificación y etiquetado que previamente eran diversos, a menudo contradictorios, entre los diferentes sistemas nacionales. Esto significa que independientemente del país de origen, los productos químicos etiquetados bajo el SGA tienen pictogramas, advertencias y descripciones consistentes y reconocibles para cualquier usuario.
La armonización ayuda a reducir costos al simplificar las regulaciones internacionales y a aumentar la seguridad al garantizar que cualquier usuario, en cualquier parte del mundo, entienda de inmediato los riesgos de un producto químico.
Desde su implementación, el SGA ha jugado un rol clave en la protección de trabajadores, consumidores y el medio ambiente al promover una comunicación clara y precisa sobre los riesgos de los productos químicos. La primera edición, publicada en 2003, sentó las bases para su implementación global, y desde entonces se revisa y mejora cada dos años en función de la experiencia acumulada.
El SGA se actualiza periódicamente para adaptarse a los avances científicos y tecnológicos y mejorar su precisión. En una de sus últimas revisiones, la décima edición, se incorporaron nuevas categorías de peligros y se actualizaron varios pictogramas y clasificaciones, mejorando la comprensión y ampliando la cobertura de productos.
Entre las novedades, se incluyeron cambios para sustancias peligrosas específicas, como aquellos productos con efectos crónicos en la salud. Este enfoque busca garantizar que el SGA siga siendo relevante y efectivo para proteger la seguridad de los usuarios a medida que surgen nuevos datos y productos en el mercado.
Hasta la fecha, el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) ha sido adoptado en distintos grados por numerosos países y bloques regionales. A continuación, se detallan aquellos que han implementado el SGA, sea en su totalidad o con adaptaciones específicas:
Todos los países miembros de la UE siguen el Reglamento CLP (Clasificación, etiquetado y envasado) que se ajusta a los estándares del SGA.
La lista de países que adoptan el SGA sigue en crecimiento, ya que su implementación es una tendencia global que busca unificar la comunicación de riesgos químicos y mejorar la seguridad en el manejo de productos. Con cada nueva revisión del SGA, las actualizaciones también se incorporan en estas regiones para mejorar la armonización y mantener la consistencia en la información de seguridad química en todo el mundo.
La adopción del SGA sigue en aumento, y su constante revisión y armonización internacional refuerzan su rol como un estándar crucial para la seguridad y la sostenibilidad global. Con más países uniéndose y adaptando sus regulaciones, el SGA continuará siendo una herramienta fundamental en la protección de la salud, el medio ambiente y la comunicación en la industria química mundial.
Aunque esto puede suponer un desafío para las empresas, con la ayuda de Lisam podrá lograr el cumplimiento de las normativas del SGA de manera sencilla y flexible a través de nuestro software ExESS®.
Con él podrá crear, gestionar y distribuir FDS y etiquetas para los principales mercados de comercialización. Esta plataforma cuenta con bases de datos completamente integradas que incluyen frases conformes a las diferentes normativas internacionales, así como la información necesaria para el transporte de sustancias y materiales peligrosos.
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El Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) establece medidas esenciales para proteger la salud humana y el medio ambiente frente a sustancias químicas peligrosas. Este reglamento es un pilar clave en la lucha contra la contaminación química y forma parte del compromiso de la Unión Europea (UE) con el desarrollo sostenible y la protección del planeta.
Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son sustancias químicas altamente tóxicas que resisten la degradación en el medio ambiente. Se caracterizan por:
Entre los COP más comunes se incluyen pesticidas (como el dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), químicos industriales (como bifenilos policlorados (PCB)) y subproductos de procesos industriales (como las dioxinas y furanos).
El reglamento busca:
Esto se alinea con el Convenio de Estocolmo, un tratado internacional que establece compromisos globales sobre los COP y que la UE implementa mediante este reglamento.
El Reglamento (UE) 2019/1021 establece obligaciones claras:
El reglamento es crucial para reducir la exposición a estas sustancias tóxicas, ya que los COP se asocian con efectos adversos como:
Además, su acumulación afecta a la biodiversidad, perjudicando tanto a los ecosistemas terrestres como acuáticos.
Desde su adopción en 2019, el reglamento se ha actualizado varias veces para incluir nuevos compuestos peligrosos. Por ejemplo:
El incumplimiento del Reglamento (UE) 2019/1021 puede acarrear severas sanciones legales y económicas. Las empresas deben adoptar medidas de cumplimiento, como auditorías internas y programas de capacitación, para evitar posibles multas o daños reputacionales.
El Reglamento (UE) 2019/1021 es una herramienta clave para proteger la salud pública y garantizar un futuro sostenible. Por ello, para las empresas es fundamental conocer los detalles de esta normativa y contribuir a su cumplimiento. Si tiene dudas sobre cómo cumplir con el Reglamento (UE) 2019/1021, contáctenos hoy mismo.
El teléfono de emergencia es un elemento clave en las fichas de datos de seguridad (FDS). Garantiza una respuesta inmediata en caso de incidentes relacionados con productos químicos peligrosos. Pero, ¿sabía que su inclusión depende de ciertos requisitos legales y de la normativa específica de cada país?
Aquí le explicamos cuándo es obligatorio, qué requisitos debe cumplir y cuáles son los organismos consultivos europeos más relevantes.
El teléfono de emergencia es un número de contacto disponible para proporcionar información rápida y precisa en caso de un incidente químico.
Este número debe incluirse en la Sección 1 de la FDS, titulada “Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o empresa”, concretamente, en la subsección 1.4. «Teléfono de emergencia».
Es fundamental que el número sea accesible las 24 horas del día y esté atendido por personal capacitado.
De acuerdo con el Reglamento REACH el teléfono de emergencia es obligatorio en las siguientes situaciones:
Siempre que una sustancia o mezcla esté clasificada bajo los criterios del Reglamento CLP, se debe incluir un número de emergencia.
Si el producto se distribuye en un país europeo, el número debe cumplir con los requisitos locales del país destinatario.
Por otro lado, no es obligatorio incluir este número para productos que no representen un peligro químico (por ejemplo, sustancias no clasificadas bajo el CLP).
Para garantizar la validez del número de emergencia en las FDS, se deben cumplir los siguientes requisitos:
El número debe estar activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Debe proporcionarse asistencia en el idioma oficial del país donde se comercializa el producto.
Los operadores deben contar con formación adecuada sobre las propiedades químicas del producto, medidas de seguridad y respuesta ante emergencias.
En algunos países se recomienda o incluso exige utilizar servicios de organismos oficiales como los Centros toxicológicos.
Únicamente está permitido indicar el teléfono de un centro toxicológico en la sección 1.4 de la FDS cuando se haya notificado el producto.
En Europa, varios organismos juegan un papel crucial en la gestión de emergencias químicas. Algunos de los más importantes son:
Proporciona directrices sobre el cumplimiento de las FDS y regula los requisitos del Reglamento REACH.
Cada país de la UE tiene uno o más centros toxicológicos responsables de responder a emergencias químicas. Algunos ejemplos destacados son:
Supervisan el cumplimiento local de las normativas.
Omitir este número en las FDS puede tener graves consecuencias legales y comerciales, incluyendo:
Las autoridades reguladoras pueden imponer sanciones por incumplimiento del Reglamento REACH.
La falta de información adecuada en caso de emergencia puede poner en peligro a trabajadores, usuarios finales y equipos de respuesta.
Muchos distribuidores y clientes exigen que las FDS cumplan con todos los requisitos.
El Reglamento REACH indica que es obligatorio especificar, cuando exista, el teléfono del organismo consultivo oficial nacional. Sin embargo, este organismo no tiene que ser obligatoriamente un centro toxicológico, sino que va a depender del Estado miembro.
De cualquier manera, es clave confirmar con el organismo oficial correspondiente si puede indicarse su número en la FDS y en qué condiciones.
Por otro lado, si no existe un organismo consultivo oficial será suficiente con indicar el teléfono de la empresa o, en el caso de que esta no disponga de un servicio interno para emergencias, indicar el teléfono de proveedores externos especializados que ofrezcan servicios de atención telefónica de emergencias adaptados a las normativas internacionales.
En ambos casos, siempre debe incluirse el horario de atención al usuario y toda la información que pueda facilitarse.
No, solo es obligatorio para sustancias o mezclas clasificadas como peligrosas bajo el Reglamento CLP.
La empresa podría enfrentarse a sanciones legales y dificultades en la comercialización de sus productos.
Sí, siempre que el servicio esté disponible en el idioma oficial de cada país y cumpla con los requisitos locales.
El INTFC (Instituto Nacional de Toxicología y ciencias Forenses). Es a este organismo al que se debe comunicar la composición química de las mezclas y la identidad química de las sustancias antes de su puesta en el mercado. Si esto no se hace, no se podrá incluir su teléfono en la sección 1.4 de la FDS.
Si desea conocer más sobre el teléfono de emergencia y cómo podemos ayudarle, contacte con nosotros.
El Reglamento de consentimiento fundamentado previo (PIC)(Reglamento (UE) nº 649/2012) es una normativa esencial que establece un sistema riguroso y transparente para la gestión de los productos químicos y pesticidas peligrosos que se importan y exportan en la Unión Europea. Su fin es el de proteger tanto la salud pública como el medio ambiente así como facilitar el comercio internacional.
Para las empresas, es crucial cumplir con normativas internacionales como esta para evitar sanciones y contribuir a un comercio más seguro y sostenible a nivel global.
¿Quiere saber qué supone este reglamento para las empresas, los reguladores y el medio ambiente? En este artículo, exploraremos todos los aspectos clave de la legislación, su impacto y cómo asegurar el cumplimiento.
El Reglamento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC), también conocido como Reglamento (UE) Nº 649/2012, es una regulación que implementa el mecanismo internacional conocido como Convenio de Rótterdam. Este acuerdo busca controlar y regular el comercio de productos químicos peligrosos y pesticidas entre los países miembros de la ONU y la Unión Europea, con el fin de minimizar los riesgos que estos productos suponen para la salud humana y el medio ambiente.
El reglamento establece un sistema de consentimiento fundamentado previo que exige que los países importadores de productos químicos peligrosos den su consentimiento antes de que los productos sean exportados desde la UE. A su vez, las empresas que comercializan estos productos deben seguir estrictos procedimientos de notificación y cumplir con las normas de seguridad establecidas.
Con el Reglamento PIC se busca lograr:
Las últimas actualizaciones de la ECHA han incluido 40 sustancias químicas peligrosas adicionales al PIC, lo que supone obligaciones adicionales para las empresas. Por ello, a partir del 1 de marzo de 2025, un gran número de empresas establecidas en la Unión Europea se verán afectadas por estos cambios.
Las sustancias incluidas en esta ampliación comprenden 35 pesticidas y 5 productos químicos industriales, los cuales deberán ser notificados a la ECHA antes de su exportación. De entre estas, 38 sustancias requerirán el consentimiento de los países importadores, destacando la importancia de cumplir con los estándares internacionales de seguridad y regulaciones.
Las empresas deberán usar el sistema ePIC de la ECHA para gestionar las notificaciones y asegurar que cumplen con estos nuevos requisitos de manera adecuada.
Las empresas que producen o comercializan productos químicos peligrosos deben estar al tanto de los requisitos del Reglamento PIC. Entre las principales obligaciones destacan:
El reglamento PIC tiene un impacto directo en el comercio internacional, ya que crea un sistema estructurado y riguroso para la exportación de productos químicos peligrosos. Los países importadores pueden aplicar medidas de control que protejan a sus ciudadanos y al medio ambiente de los efectos nocivos de estos productos.
Además, en el contexto de la salud pública, el reglamento busca prevenir la distribución de sustancias peligrosas que podrían causar enfermedades graves o daños ambientales a largo plazo. Por ejemplo, la exportación de pesticidas que han sido prohibidos en la UE por su toxicidad está restringida bajo este reglamento.
Uno de los principales beneficios del Reglamento PIC es la protección del medio ambiente y la salud pública. Al asegurar que los productos químicos peligrosos sean cuidadosamente evaluados y gestionados, se reduce el riesgo de contaminación y daños ecológicos.
Además, la transparencia y la información proporcionada por este reglamento permiten a los países tomar decisiones informadas sobre el uso de estos productos, lo que beneficia tanto a los ecosistemas como a las comunidades humanas.
Para que las empresas cumplan con las regulaciones del PIC, deben seguir algunos pasos clave:
Este reglamento no aplica a ciertos productos que están regulados por otras normativas de la UE, como:
Estas excepciones están sujetas a normativas internacionales y europeas diferentes.
La Proposición 65 de California, conocida formalmente como la Ley de Agua Potable Segura y Aplicación de Tóxicos de 1986. Es una legislación que busca proteger a los residentes del estado de la exposición a sustancias químicas que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Esta ley tiene un impacto significativo en la forma en que se fabrican, etiquetan y venden productos en California, afectando tanto a empresas como a consumidores.
Su objetivo principal es informar al público sobre posibles riesgos para la salud asociados con la exposición a ciertas sustancias químicas. Desde su aprobación, esta normativa exige que las empresas:
El estado de California mantiene una lista de más de 900 sustancias químicas que se sabe que pueden causar cáncer o daños reproductivos. Entre las sustancias comunes que suelen aparecer en productos están:
La lista se actualiza al menos una vez al año, por lo que las empresas deben mantenerse informadas para cumplir con los requisitos.
El 3 de enero de 2025, ha sido publicada la actualización más reciente de esta regulación. Se han incluido a la lista nuevas sustancias como el Bisfenol S y el vinil acetato.
Si quiere acceder a la lista completa, haga clic aquí.
Las advertencias de la Proposición 65 se han vuelto comunes en etiquetas de productos, tiendas y sitios web. Pueden ser identificadas por frases como:
«ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos».
Estas etiquetas permiten a los consumidores tomar decisiones informadas sobre los productos que compran, pero también generan preocupación. Es importante entender que la presencia de una advertencia no significa necesariamente que el producto sea peligroso, cause cáncer o sea tóxico para la reproducción, sino que contiene una sustancia que supera los niveles de exposición establecidos por la ley.
Lo que esto significa es que un uso excesivo de un producto con advertencia, fuera de lo razonablemente previsible, podría superar los niveles seguros de exposición establecidos por la ley.
Las empresas que operan en California tienen varias obligaciones bajo esta ley:
Los límites establecidos para cada sustancia química determinan a partir de qué nivel es necesaria una etiqueta de advertencia por exceder el nivel de “riesgo significativo”. Puede consultar más información detallada sobre los niveles seguros en la página oficial de OEHHA.
Por lo tanto, la Proposición 65 no prohíbe la venta de productos que contengan estas sustancias químicas, sino que exige la inclusión de advertencias claras en el producto, el envase o la documentación que lo acompaña. Esto significa que la empresa ha evaluado la exposición y ha concluido que supera el nivel considerado «sin riesgo significativo».
Las multas por incumplimiento o violación de la Proposición 65 pueden llegar a 2500 $ por día, lo que hace que el cumplimiento sea una prioridad para los negocios.
La Proposición 65 es una regulación exclusiva del estado de California en los Estados Unidos, por lo que no tiene una aplicación directa en Europa. Sin embargo, muchos productos fabricados por empresas globales cumplen con esta normativa para poder ser comercializados en California. Esto significa que los consumidores europeos pueden encontrarse con etiquetas de advertencia de la Proposición 65 en productos importados o fabricados por compañías que operan internacionalmente.
En Europa, existen normativas similares que regulan el uso de sustancias químicas peligrosas, como el Reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas), que controla el uso de productos químicos para garantizar la seguridad tanto de los consumidores como del medio ambiente. Aunque el enfoque de REACH y la Proposición 65 es diferente, ambos comparten el objetivo de proteger la salud pública mediante la regulación de sustancias químicas.
Aunque la Proposición 65 tiene un noble objetivo de proteger la salud pública, también ha sido objeto de críticas:
Aunque la Proposición 65 de California es una herramienta poderosa para informar a los consumidores sobre posibles riesgos químicos, también puede generar confusión.
Por ese motivo, tanto empresas como consumidores deben entender cómo funciona esta normativa para tomar decisiones responsables y proteger la salud pública.
Si quiere saber más sobre cómo esta ley afecta a un producto específico, consulte con nosotros.
La Lista de sustancias candidatas es una parte fundamental del Reglamento REACH de la Unión Europea. No solo es un documento técnico, sino una herramienta clave para promover la seguridad química, proteger la salud pública y facilitar la transición hacia un modelo industrial más sostenible.
Pero ¿cómo afecta a las empresas y al medio ambiente? En esta noticia, exploramos el impacto de esta lista, las sustancias incluidas y qué pasos deben seguir las empresas para cumplir con las normativas.
Las sustancias en la lista están identificadas como Sustancias extremadamente preocupantes (SHVC) por sus propiedades dañinas para la salud humana o el medio ambiente. Algunas de estas propiedades incluyen:
La inclusión de una sustancia en la Lista de sustancias candidatas de la ECHA sigue un proceso riguroso:
Primero, los Estados miembros, la ECHA o entidades externas proponen sustancias basándose en nuevos estudios.
Luego, se elabora un informe técnico que documenta las propiedades peligrosas de la sustancia y se somete a consulta pública durante 45 días en la que empresas, ONGs y otras partes interesadas pueden aportar datos adicionales.
Al final, el Comité de los Estados miembros decide si la sustancia debe añadirse a la lista.
Tras la inclusión, estas sustancias pueden ser trasladadas a la Lista de autorización, restringiendo su uso solo a casos aprobados.
La Lista de sustancias candidatas se actualiza regularmente, generalmente dos veces al año (en enero y junio), aunque pueden realizarse actualizaciones extraordinarias si se identifican sustancias con riesgos urgentes. Esta frecuencia permite que la lista se mantenga al día con los nuevos avances científicos y descubrimientos sobre sustancias peligrosas.
La inclusión de sustancias peligrosas en esta lista tiene como objetivo proteger la salud pública y el medio ambiente. Entre los beneficios se destacan:
Para las empresas, la inclusión de sustancias en la Lista de sustancias candidatas supone cumplir estrictos requisitos legales para garantizar la seguridad en su uso.
Esto tiene importantes repercusiones:
1. Transparencia obligatoria:
Las empresas deben informar a los consumidores si alguno de sus productos contiene más del 0,1% de una sustancia incluida en la lista. Esta información debe proporcionarse en un plazo máximo de 45 días tras la solicitud del consumidor.
2. Registro en la base de datos SCIP:
Si los productos contienen sustancias de esta lista, las empresas deben notificarlo a la base de datos SCIP (Substances of Concern In Products). Este registro permite rastrear las sustancias peligrosas en toda la cadena de suministro y fomentar la economía circular.
3. Costes adicionales:
La evaluación, el etiquetado y la sustitución de estas sustancias generan costes económicos y de tiempo. Muchas empresas deben rediseñar sus procesos o encontrar alternativas, lo que puede afectar los plazos de producción y los presupuestos.
4. Reputación y competitividad:
Cumplir con las normativas es esencial para evitar sanciones, pero también para mantener una buena reputación ante consumidores cada vez más exigentes con la sostenibilidad.
¿Está su empresa preparada para cumplir con REACH? Descubra cómo podemos ayudarle contactando con nosotros.
El Reglamento (CE) 1223/2009, normativa de la UE sobre productos cosméticos, establece los requisitos para la seguridad, composición y comercialización de los productos cosméticos en el mercado europeo.
Esta normativa protege a los consumidores y garantiza que los productos cumplan con rigurosos estándares de seguridad, afectando tanto a fabricantes como a distribuidores e importadores. A continuación, exploramos en detalle los aspectos más relevantes, incluidas las restricciones sobre ingredientes y el etiquetado de alérgenos.
Este reglamento, en vigor desde julio de 2013, establece un marco claro para la producción y venta de cosméticos en la UE. Su objetivo principal es proteger la salud de los consumidores, garantizando la seguridad de los productos cosméticos a través de un sistema riguroso de control y verificación.
Uno de los aspectos más importantes del Reglamento (CE) 1223/2009 es la regulación de ingredientes y alérgenos en los cosméticos. A continuación, se detallan los puntos clave:
El incumplimiento de las restricciones sobre ingredientes y alérgenos puede acarrear sanciones y la retirada del producto del mercado. Las autoridades nacionales supervisan estos aspectos para garantizar el cumplimiento del Reglamento.
Para asegurar el cumplimiento riguroso del Reglamento (CE) 1223/2009 en el etiquetado y documentación de productos cosméticos, Lisam colabora con la Asociación Internacional de Fragancias (IFRA). Así, ofrece soluciones que garantizan que los informes, folletos, etiquetas e informes de alérgenos se ajusten a la normativa vigente.
Tanto en la UE como en EE. UU., los fabricantes de cosméticos deben cumplir normativas estrictas que exigen la evaluación y certificación de la seguridad de sus productos antes de su comercialización. En la UE, el Reglamento (CE) 1223/2009 es la normativa fundamental, y establece que todos los ingredientes deben estar claramente indicados en el etiquetado y cumplir con los requisitos de seguridad y transparencia para el consumidor.
IFRA es la organización mundial que representa a los principales productores de fragancias. Gracias a su relación, Lisam asegura que sus soluciones se mantienen actualizadas según las últimas enmiendas de IFRA. Los sistemas de Lisam integran las directrices y estándares más recientes de la industria, facilitando a los fabricantes cumplir con los requisitos de la normativa de la UE sobre productos cosméticos, así como con normativas internacionales.
Lisam ofrece una solución específica para la industria cosmética mediante su módulo de cosméticos en ExESS. Esta solución permite a los fabricantes y distribuidores generar informes y certificados en conformidad con las asociaciones y normativas de la UE y Norteamérica.
En definitiva, el Reglamento (CE) 1223/2009 de la UE ha sido un paso fundamental para asegurar que los cosméticos sean seguros para todos los consumidores. Las restricciones sobre ingredientes y la regulación de alérgenos no solo aumentan la seguridad, sino que también permiten a los consumidores alérgicos tomar decisiones informadas. Tanto fabricantes como consumidores deben estar al tanto de estas normas para garantizar la calidad y seguridad de los productos cosméticos.
Si quiere conocer más acerca de las nuevas actualizaciones de este reglamento, consulte la noticia sobre las últimas modificaciones Reglamento 2023/1545 (Modificación Reglamento 1223/2009).
Por otro lado, si desea más información contáctenos o reserve su demo gratuita.
El Decreto 1496 de 2018 emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, establece directrices cruciales para la gestión y control de sustancias químicas en el país.
Junto con la Resolución 773 de 2021, regula la gestión de sustancias químicas en Colombia bajo el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). De esta forma, la legislación ambiental colombiana queda alineada con los estándares de Naciones Unidas, reduciendo riesgos para la salud y el ambiente y facilitando el comercio de productos químicos a nivel internacional.
El Decreto 1496 de 2018 es una normativa emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia que establece las directrices para el manejo y control de sustancias químicas peligrosas en el país. Su objetivo es garantizar que las empresas y sectores que trabajan con productos químicos cumplan con los criterios de clasificación y etiquetado del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas, alineando la normativa nacional con las mejores prácticas internacionales.
El SGA es un sistema adoptado internacionalmente y promovido por la ONU que proporciona criterios unificados para la clasificación de productos químicos según sus peligros físicos para la salud y el medio ambiente, así como su comunicación. Su implementación en Colombia, a través del Decreto 1496 de 2018, permite una mayor coherencia en la gestión de riesgos, facilitando el comercio y asegurando que los productos químicos tengan etiquetas y fichas de seguridad comprensibles para los usuarios.
Esta normativa afecta a empresas y sectores industriales que fabrican, importan, comercializan o manipulan sustancias químicas en Colombia. Incluye, además, a los sectores agrícola, de manufactura, construcción y servicios que utilizan estos productos en sus actividades.
El Decreto 1496 de 2018 en Colombia se basa en la sexta edición revisada (2015) del SGA/GHS, la cual establece que las etiquetas y las fichas de datos de seguridad (FDS) sean elementos esenciales de comunicación para advertir sobre los riesgos asociados a estas sustancias, con el fin de proteger tanto la salud humana como el ambiente y facilitar el comercio seguro. Por tanto, con la implementación del Decreto 1496, las empresas colombianas deberán actualizar sus procesos de etiquetado, fichas de seguridad y manejo de residuos de acuerdo con los criterios del SGA.
Por otro lado, la Resolución 773 de 2021, complementa al Decreto 1496 de 2018 al profundizar en los requisitos de contenido de las etiquetas y fichas de seguridad (FDS). Establece aspectos adicionales como que las FDS deben estar disponibles en formato físico o digital, incluir teléfonos de emergencia y abordar y la gestión de la Información Comercial Confidencial (ICC). Asimismo, la normativa detalla los pasos que los empleadores públicos y privados deben seguir para aplicar el SGA en los lugares de trabajo, definiendo los elementos de etiquetado para productos peligrosos y no peligrosos, el tamaño y contenido de las etiquetas según el tipo de envase, y los criterios de identidad química de los componentes.
La Resolución 773 de 2021, publicada en el Diario Oficial 51.640 de Colombia el 9 de abril de 2021, establece los plazos para su implementación a partir de esa fecha:
El Decreto 1496 de 2018 busca promover un ambiente de trabajo seguro, donde los trabajadores y la comunidad puedan identificar claramente los riesgos de los productos químicos. Esto reduce el impacto ambiental y minimiza el riesgo de accidentes laborales asociados al manejo de sustancias peligrosas. Sin embargo, la implementación del decreto representa un reto para algunas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, debido a los costos asociados con la capacitación y el ajuste de sus procesos a los estándares del SGA.
El Decreto 1496 de 2018 es un paso crucial para Colombia en términos de gestión ambiental y de salud pública, promoviendo una cultura de prevención y de responsabilidad empresarial. Su implementación completa representa un avance para el país hacia un desarrollo sostenible y seguro, acorde con las tendencias globales en seguridad química.
A través de la última incorporación del módulo de Colombia en nuestro software ExESS®, podrá cumplir con la última normativa de forma rápida y sencilla. Si quiere saber cómo, reserve su demo.
El Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas modifica y deroga las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006.
El Reglamento CLP se implementó en la Unión Europea en 2009. Desde ese momento se ha ido actualizando, teniendo en cuenta las disposiciones del Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). El objetivo del SGA es crear un único sistema internacional.
El Reglamento CLP es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros y todos los sectores industriales.
Las sustancias químicas peligrosas, antes de su comercialización, deben ser clasificadas, etiquetadas y envasadas por los fabricantes, importadores y usuarios intermedios de sustancias y mezclas.
El fabricante, importador o usuario intermedio debe autoclasificar la sustancia o mezcla, es decir, identificar sus peligros y comparar la información sobre peligros con los criterios previstos en el Reglamento CLP.
Si una sustancia se clasifica como peligrosa debe comunicarse al resto de agentes de la cadena de suministro, incluidos los consumidores.
Mediante etiquetas y FDS se comunica la clasificación del peligro al usuario para alertarle de la presencia de un peligro y de la necesidad de gestionar los riesgos asociados.
Si quiere saber más sobre FDS consulte nuestra Guía esencial sobre Fichas de Datos de Seguridad (UE).
El Reglamento CLP establece requisitos para el etiquetado. Elementos de etiquetado para todas las clase y categorías de peligro:
El envase de una sustancia química peligrosa debe diseñarse, construirse y cerrarse de forma que su contenido no pueda salir en ningún momento.
Mediante la clasificación y etiquetado armonizados se busca garantizar una gestión adecuada de riesgos para toda la UE de los peligros más preocupantes. Sustancias clasificadas por su carcinogenicidad, mutagenicidad, toxicidad para la reproducción (CMR) y por su sensibilización respiratoria o por otros efectos que se estudiarán en cada caso concreto.
Las clasificaciones armonizadas figuran en el anexo VI del Reglamento CLP y deben ser aplicadas por todos los fabricantes, importadores y usuarios intermedios de dichas sustancias y de las mezclas que las contienen.
Información para cada entrada:
El anexo VIII entró en vigor en 2017 y establece disposiciones establece disposiciones para armonizar el formato y contenido de la información relativa a la respuesta sanitaria en caso de urgencia que las empresas que comercializan mezclas peligrosas en el mercado europeo tienen la obligación de facilitar a los organismos designados por cada Estado miembro (es decir, los «organismos designados»).
La información que exige está a disposición de los centros de información toxicológica, que tienen la misión de prestar asesoramiento médico al público en general y a los profesionales médicos en caso de urgencia.
La ECHA es el organismo que ha de especificar el formato armonizado, es decir, el formato de notificación al centro de información toxicológica (PCN)
A fin de mejorar la respuesta en caso de urgencia y facilitar el trabajo de los centros de información toxicológica en general, el anexo VIII ha introducido un nuevo identificador único de la fórmula (UFI).
Si quiere conocer en mayor profundidad el PCN y el UFI consulte nuestra Guía esencial sobre UFI y PCN.